¿De qué se le acusa?
El 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo por unanimidad abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el 'caso Gürtel' con sus abogados defensores. El 11 de abril de 2011, el juez Alberto Jorge Barreiro ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón en este proceso.
¿Quién le acusa?
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se personaron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.
Indicios
Al admitir la querella contra Garzón, la Sala Penal del Supremo destacó que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez Alberto Jorge Barreiro, indicaba que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones en prisión "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Además, el auto señalaba que el magistrado "pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Otra de las razones por las que el Alto Tribunal decidió abrir juicio oral contra el juez es porque "conociendo la estrategia de defensa dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Durante la vista oral, los tres abogados que ejercían la acusación solicitaron penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía, al igual que la defensa de Garzón, pidieron la libre absolución del acusado. En su turno de última palabra, el juez aseguró que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa sino que, al contrario, hizo todo por salvaguardarlo
Veredicto
(Continuara)
No hay comentarios:
Publicar un comentario