Rechazar una querella contra un banco que le financió
¿De qué se le acusa?
El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para financiar actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado la "generosa aportación" de 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.
Por lo que se refiere al BBVA, Garzón sentó en el banquillo a Emilio Ybarra y a otros dirigentes del 'clan de Neguri', lo que facilitó que Francisco González quedara como presidente único de la entidad. Al poco tiempo, el juez escribió a González con objeto de que contribuyera a la financiación de un seminario sobre terrorismo que Garzón dirigía en la UNY.
¿Quién le acusa?
La querella fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Indicios
De acuerdo con la querella, los fondos del BSCH habrían servido, además de para financiar los coloquios celebrados en la Universidad de Nueva York bajo la dirección de Garzón, para abonar viajes del juez por 22.650 dólares y para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por importe de 21.650 dólares.
Para la admisión de la querella fue determinante el conocimiento de las cartas que Garzón envió a Botín para solicitarle los fondos, elemento que no se conocía cuando, el 2 de febrero del pasado año, se archivó una primera investigación sobre los hechos.
En ellas, Garzón se dirige al presidente del banco, le agradece la financiación recibida y le pide más dinero para organizar una segunda serie de coloquios, lo que es objeto de nuevos agradecimientos. "No puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación" entre la petición y consecución del patrocinio del BSCH y la negativa a abrir un proceso al presidente de esa entidad, dice la Sala de lo Penal en el auto de iniciación del proceso.
Durante la tramitación de la causa han aparecido nuevas cartas del juez pidiendo dinero a los directivos de Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En total, logró recaudar en torno al millón de euros.
Veredicto?
No hay juicio. El Supremo archiva la causa. El Juez instructor, magistrado Manuel Marchena alega que el delito cohecho impropio a prescripto, ya que han pasado 3 años y... 25 dias, desde el ultimo pago hasta la denuncia. Parece que le hemos perdonado pero seguro que no, son por esos 25 días.
Asi a todo, el juez en el auto alega que
"ha quedado suficientemente
acreditado que el dinero entregado a
petición del querellado e ingresado en las cuentas de la Universidad de
Nueva York, lo fue en consideración al cargo jurisdiccional de Baltasar Garzón" y ademas
sostiene como "hechos
acreditados en la instrucción" que Garzón contactó con responsables de
distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la
celebración de unos cursos en EEUU en los que él era el director. Todas
las compañías –BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa- tenían en común "el haber
sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en
el propio juzgado del que era titular el acusado". P
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lunes, 13 de febrero de 2012
domingo, 12 de febrero de 2012
Causas de Baltasar Garzón
'Gürtel': Intervenir las comunicaciones imputado-abogado
¿De qué se le acusa?
El 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo por unanimidad abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el 'caso Gürtel' con sus abogados defensores. El 11 de abril de 2011, el juez Alberto Jorge Barreiro ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón en este proceso.
¿Quién le acusa?
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se personaron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.
Indicios
Al admitir la querella contra Garzón, la Sala Penal del Supremo destacó que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez Alberto Jorge Barreiro, indicaba que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones en prisión "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Además, el auto señalaba que el magistrado "pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Otra de las razones por las que el Alto Tribunal decidió abrir juicio oral contra el juez es porque "conociendo la estrategia de defensa dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Durante la vista oral, los tres abogados que ejercían la acusación solicitaron penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía, al igual que la defensa de Garzón, pidieron la libre absolución del acusado. En su turno de última palabra, el juez aseguró que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa sino que, al contrario, hizo todo por salvaguardarlo
La vista oral se celebró entre los días 17 y 19 de enero. El 9 de febrero, la Sala Penal del Supremo condenó a 11 años de inhabilitación por unanimidad al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación. El fallo supone la expulsión de Garzón de la carrera judicial. Sentencia
(Continuara)
¿De qué se le acusa?
El 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo por unanimidad abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el 'caso Gürtel' con sus abogados defensores. El 11 de abril de 2011, el juez Alberto Jorge Barreiro ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón en este proceso.
¿Quién le acusa?
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se personaron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.
Indicios
Al admitir la querella contra Garzón, la Sala Penal del Supremo destacó que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez Alberto Jorge Barreiro, indicaba que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones en prisión "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Además, el auto señalaba que el magistrado "pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Otra de las razones por las que el Alto Tribunal decidió abrir juicio oral contra el juez es porque "conociendo la estrategia de defensa dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Durante la vista oral, los tres abogados que ejercían la acusación solicitaron penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía, al igual que la defensa de Garzón, pidieron la libre absolución del acusado. En su turno de última palabra, el juez aseguró que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa sino que, al contrario, hizo todo por salvaguardarlo
Veredicto
(Continuara)
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